La respuesta corta es sí, pero con un matiz importante. En España, el Código Penal castiga la corrupción en el deporte como delito específico, aunque solo en las competiciones de especial relevancia económica o deportiva. En todas las competiciones, el amaño es además una infracción según las normas deportivas: en el ámbito de la Ley 39/2022, del Deporte, es una infracción muy grave, y en las competiciones autonómicas lo sancionan la ley del deporte de la comunidad autónoma y el reglamento de la federación. A ello se suman la ley del juego y los códigos de las federaciones. Cómo se aplica la ley a un caso concreto lo valoran la policía, el Ministerio Fiscal y el juez.
Corrupción en el deporte: se castiga tanto ofrecer como aceptar
En España, el Código Penal castiga la corrupción en el deporte (art. 286 bis.4): ofrecer, prometer o dar, o pedir, recibir o aceptar, un beneficio o ventaja no justificados para predeterminar o alterar el resultado de una competición de especial relevancia económica o deportiva. Pueden cometerlo directivos, empleados y colaboradores de entidades deportivas, deportistas, árbitros y jueces. Son competiciones de especial relevancia aquellas en las que la mayoría de los participantes cobra por participar y las que la federación califica como oficiales de máxima categoría. De aquí se desprenden tres ideas:
- Basta con la oferta. Según el Tribunal Supremo, el delito se consuma con la oferta, la promesa, la petición o la aceptación: no hace falta que el resultado llegue a alterarse.
- Las apuestas no son necesarias. Para que haya delito no hacen falta apuestas; si se busca influir en apuestas, los hechos se consideran de especial gravedad.
- Responden las dos partes. Comete el delito quien ofrece y quien acepta, también cuando actúa a través de otra persona.
La pena es de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja. Esa inhabilitación afecta a la actividad empresarial, no a la deportiva.
Según el Tribunal Supremo (2023), las primas por perder están incluidas en el delito de corrupción deportiva del artículo 286 bis.4 del Código Penal. Un ejemplo de este mecanismo en el fútbol: los directivos de un club pagan a jugadores de un equipo rival para que pierdan el partido contra el club que paga.
Apuestas y competiciones profesionales
La pena se impone en su mitad superior, y puede llegar a la superior en grado, si se busca influir en juegos de azar o apuestas o si los hechos ocurren en una competición oficial de ámbito estatal calificada como profesional o en una competición internacional (art. 286 quater).
En un caso, un informante anónimo avisó al Canal de Integridad de LaLiga de un posible amaño en un partido de copa, y LaLiga trasladó los hechos al centro especializado de la Policía Nacional (CENPIDA). Que haya una investigación no significa que haya culpables.
Apuestas: lo que prohíbe la Ley 13/2011
La Ley 13/2011, de regulación del juego, prohíbe apostar a los deportistas, entrenadores y demás participantes directos en el acontecimiento deportivo en el que participan, a los directivos de las entidades que participan en él o lo organizan y a los jueces y árbitros que actúan en él. Que un deportista, entrenador, directivo, juez o árbitro apueste incumpliendo estas prohibiciones es una infracción leve del apostante, sancionada con apercibimiento por escrito o multa de hasta 100.000 euros. En España, los menores de 18 años no pueden apostar.
El club como persona jurídica
Los clubes y otras personas jurídicas también pueden ser condenados penalmente por corrupción en el deporte, con multas e incluso con la disolución (arts. 31 bis, 33.7 y 288 del Código Penal). El club responde por lo que hacen sus directivos y, si falla gravemente el control, también por lo que hacen sus empleados. La persona jurídica puede quedar exenta si, antes del delito, su órgano de administración adoptó y aplicó con eficacia modelos de organización y gestión con medidas de vigilancia y control idóneas, y se cumplen las demás condiciones del artículo 31 bis. Si esas condiciones solo se acreditan en parte, la responsabilidad puede atenuarse. Normas claras, formación y un canal conocido para comunicar sospechas forman parte de esa prevención, aunque por sí solos no eximen al club.
El procedimiento deportivo y el penal
Un procedimiento disciplinario no es un proceso penal, y una sanción deportiva no es una condena por delito. En el ámbito de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición, afecte o no al resultado, son una infracción muy grave, sancionada, entre otras medidas, con multa de 3.000,01 a 30.000 euros y suspensión de la licencia federativa de dos a quince años. Si en un procedimiento sancionador de la Ley del Deporte aparecen indicios de delito, el órgano competente pasa el tanto de culpa al juzgado o al Ministerio Fiscal y suspende el procedimiento.
En el fútbol, el Código Disciplinario de la RFEF (2026) sanciona con inhabilitación de dos a cinco años a quien, con regalos, ofrecimientos o promesas, obtiene o intenta obtener de un árbitro una actuación parcial, y también al árbitro que los acepta; a los clubes implicados se les descuentan seis puntos y el partido se anula. En el tenis profesional, el Tennis Anti-Corruption Program (TACP, 2026) prevé multas de hasta 250.000 dólares, más lo obtenido, e inhabilitaciones que en algunos casos pueden ser de por vida. Quien colabora con la investigación puede reducir su sanción, y quien borra mensajes o se niega a colaborar la agrava.
Obligación de comunicar: la ley y las federaciones
En el ámbito de la Ley 39/2022, del Deporte, no comunicar a las autoridades competentes hechos conocidos que alteren el normal desarrollo de una competición es una infracción grave (art. 105.1 i). Puede sancionarse, entre otras medidas, con multa de 600,01 a 3.000 euros, solo si usted cobra por su actividad deportiva, o con la suspensión de la licencia federativa de un mes a dos años o de cuatro o más partidos en una temporada. No denunciar un amaño no es por sí solo el delito del artículo 450 del Código Penal, pero sí puede ser una infracción grave de la Ley del Deporte en su ámbito de aplicación. La ley no fija un plazo: comuníquelo cuanto antes, si es posible antes del partido.
Las federaciones añaden sus propias obligaciones. En el fútbol, el Código Ético de la RFEF obliga a comunicar de inmediato a la Sección de Ética del Comité Jurisdiccional cualquier tentativa de contacto relacionada con un posible amaño. En el tenis profesional, el TACP (2026) obliga a comunicar a la International Tennis Integrity Agency (ITIA) lo antes posible cualquier contacto para amañar un partido, aunque no se haya ofrecido dinero; no comunicarlo es en sí una infracción.
España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre manipulación de competiciones deportivas (Convenio de Macolin), en vigor para España desde el 1 de febrero de 2025; la plataforma nacional es la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
Qué hacer y a quién dirigirse
- No acepte ni prometa nada: aceptar una promesa ya puede ser delito.
- No apueste en su propio deporte, ni a través de otra persona. La Ley 13/2011 le prohíbe apostar en el acontecimiento en el que usted participa, y las normas de su federación pueden prohibir más; la ley y la federación lo sancionan por separado.
- Comunique cualquier contacto sospechoso cuanto antes y con todos los detalles. En el fútbol, a la RFEF, por el canal confidencial de su área de Integridad; el canal de denuncias general de la RFEF está abierto a cualquier persona y admite comunicaciones anónimas. En el tenis profesional, a la ITIA con el formulario de su página de contacto. En otros deportes, a la federación española de su deporte y a la federación internacional. Los pasos se explican en el artículo Cómo comunicar una sospecha de amaño de partidos.
- Si le amenazan o sospecha de un delito, acuda a la Policía Nacional, que cuenta con un centro especializado en la integridad en el deporte y las apuestas (CENPIDA), o a la Guardia Civil. No necesita probar los hechos, pero la denuncia incluye su identificación.
- La Ley 2/2023 protege frente a represalias a quien informa de delitos o de infracciones administrativas graves o muy graves. Cubre a quien obtiene la información en un contexto laboral o profesional, incluidos voluntarios, cobren o no; que le proteja a usted depende de su situación.
Los canales por deporte están en la página Dónde comunicarlo.


